Agregó que debido a que el grupo Renco, propietario de DRP, ha presentado una cuarta propuesta de reestructuración, la Junta de Acreedores se reunirá a finales de mes para evaluar dicho pedido.

“Hay algunos temas que deben ser aclarados ante la Junta y han pedido una reunión, posterior al lunes para evaluar su plan”, declaró.

Junta de Acreedores de DRP elegirá al liquidador de La Oroya

Señaló que la propuesta el grupo Renco no menciona ninguna exigencia respecto a las demandas que presentó en contra del Estado peruano (exigía que el Estado asumiera los costos como condición para reiniciar las operaciones en La Oroya), sin embargo, tampoco indica si éstas han sido retiradas.

Aclaró que la propuesta será analizada y su aceptación dependerá de la Junta de Acreedores y de las garantías que la empresa ofrezca para llevarla adelante.

La empresa ha presentado hasta cuatro planes de reestructuración para La Oroya, por lo tanto, la Junta de Acreedores tendrá que evaluar la consistencia de este nuevo planteamiento, anotó.

“Hemos sostenido que no se pueden reiniciar las operaciones en La Oroya si no se cumple el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en cada uno de sus tres circuitos”, comentó.

Sin embargo, el ministro precisó que la empresa podría reiniciar operaciones en los circuitos en los que haya cumplido con el PAMA, porque son de obligatorio cumplimiento.

Asimismo, señaló que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) dará a conocer su posición sobre la propuesta legislativa presentada en el Congreso de la República para facilitar el reinicio de operaciones de La Oroya, cuando este poder del Estado lo solicite.

“El Estado está apostando a que La Oroya reinicie operaciones pero cumpliendo con las normas ambientales y el cuidado de la salud de la población”, dijo en el marco del X Simposium del Oro y II Foro de Plata, organizados por el Comité Aurífero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Manifestó que además se deberá garantizar el trabajo de todos los trabajadores, no solo del complejo metalúrgico de La Oroya sino también de Cobriza.

MÁS INFORMACIÓN Y FOTOS SOCIALES EN LA EDICIÓN IMPRESA DE MAYO DEL PERIODICO RSE PERÚ

Titular del MEM expuso en el X Simposio Internacional del Oro y clausuró el evento

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, aseguró hoy que “no hay marcha atrás” en la lucha contra la minería ilegal y que es una decisión firme del actual gobierno acabar con esta práctica que daña la salud de las personas y al medio ambiente, y perjudica la economía del país.

Al exponer sobre la “Política de Estado para Erradicar la Minería Ilegal en el X Simposio Internacional del Oro y II Foro de Plata, realizado en un hotel de la capital, el titular del MEM enfatizó que la gestión del actual presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, ha tomado acciones concretas para combatir ese flagelo, que data de hace muchos años en el Perú.

“Este es un problema complejo y el gobierno ha tomado la decisión de combatirlo para lo cual ha emitido un paquete de normas. No podemos permitir que esto continúe”, manifestó.

Aclaró, sin embargo, que hay que diferenciar a los mineros ilegales de los informales, pues estos últimos reciben apoyo del gobierno para formalizarse y continuar trabajando hasta por dos años, mientras culmina el proceso, para lo cual basta con una declaración de compromiso

“La minería informal es un problema que tiene connotaciones sociales. Hay unos 100 mil mineros informales en el Perú y otros 400 mil compatriotas que dependen de esta actividad. Hay que entender primero el problema de campo, la solución no es fácil, por eso es importante el diálogo”, expresó.

Merino Tafur señaló que el Perú es uno de los primeros países de Latinoamérica en afrontar directamente este problema, mediante un proceso gradual sin que ello implique “que se le esté dando carta abierta a la ilegalidad”, como critican algunos sectores.

De otro lado, afirmó que actualmente se tiene una inversión estimada en proyectos mineros que supera los  US$ 53,000 millones para los próximos años y destacó entre los lineamientos del sector, que contribuyen con este desarrollo, al respeto al marco legal vigente, que refleja seriedad y cumplimiento de los contratos, “mientras en otros países patean el tablero”.

Asimismo, subrayó el apoyo a los procesos de inversión con una acción efectiva del  Estado en todos sus niveles, la próxima creación de un “Instituto de Planeamiento Minero” con participación del sector privado a fin de establecer los lineamientos y los planes de desarrollo para un crecimiento ordenado y competitivo del país, y la  promoción,  a partir de la inclusión social, de una cultura minera e hidroenergética en asociación con el sector privado, sector Educación y los gobiernos locales y regionales

También mencionó, entre los lineamientos de su sector, impulsar la modernización del cector Energía y Minas para facilitar la gestión a los inversionistas;  fortalecer el rol fiscalizador del OSINERGMIN; fortalecer el rol de investigación científica del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico para  generar mejor información orientada al inversionista –especialmente para fomentar la exploración minera–; y promover la creación de clusters mineros industriales en sinergia con la explotación de otros recursos naturales con proyectos de facilitación a través de PROINVERSION y los Gobiernos Regionales.

Posteriormente, el ministro Merino clausuró el certamen, en representación del Presidente de la República, y por la tarde participó de un taller sobre la Contribución Económica de la Minería a Gran Escala en el Perú.

Lanzamiento oficial será el próximo 17 de mayo en los asentamientos humanos piuranos de San Isidro y Mónica Zapata.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), a través del Proyecto Nina, entregará 8,800 kits de cocinas a gas licuado de petróleo (GLP) a igual número de familias de escasos recursos de la provincia de Piura. Dichas cocinas han sido donadas por la Fundación Repsol y representan una inversión de más de 2 millones 500 mil nuevos soles.

Así lo reveló la coordinadora general del Proyecto Nina, Dora Dulanto, indicando que el lanzamiento oficial será el próximo 17 de mayo en los asentamientos humanos San Isidro y Mónica Zapata. Esta importante donación también está dirigida a los distritos de La Arena, Castilla, Tambogrande, Piura, entre otros.

“En el distrito de Piura cerca del 70% de la población vive en asentamientos humanos, representando una gran cantidad de potenciales beneficiarios a atender. Esta es la segunda etapa de desarrollo del Programa de Sustitución de Cocinas en la región, el año pasado se repartió cerca de 4,500 cocinas con presupuesto del MEM y esta vez hemos regresado a trabajar con la donación de la Fundación Repsol”, señaló la funcionaria.

Dulanto destacó la iniciativa conjunta para lograr esta entrega entre el MEM, con su personal y todo la experiencia adquirida por el proyecto; la Municipalidad Provincial de Piura, que apoya con sus promotores y con la orientación a la zona específica para poder determinar quiénes son los beneficiarios; y la  empresa privada, con la donación de los kits de cocinas, siendo el primer esfuerzo de esta naturaleza que se materializa.

Cada kit de cocina a GLP que se entregará consiste en una cocina de dos hornillas con su regulador, manguera, abrazaderas, un balón con su carga inicial y dos vales de recarga gratuita.

Reconoció que aún quedará población sin atender en la región, la misma que tendría que ser beneficiada en una tercera etapa, en el mediano plazo.

“Este reparto de cocinas es parte del Programa de Sustitución de Cocinas y de los esfuerzos que despliega el MEM para promover la inclusión social energética y alcanzar las metas previstas para el presente año”, refirió Dora Dulanto.

Al respecto, el Proyecto Nina viene llevando a cabo dos iniciativas orientadas a hogares de pobreza y extrema pobreza: el Programa de Sustitución de Cocinas a Kerosene y otros Combustibles Contaminantes por GLP en zonas urbano marginales; y el Programa de Sustitución de Cocinas Tradicionales a Leña por Cocinas Mejoradas a Leña en zonas que se encuentren por encima de los 2,500 msnm y donde no existe aún distribución de gas.

Hasta el momento, ambos programas han beneficiado a más de 100 mil hogares a nivel nacional, los cuales  han experimentado una mejora directa en su calidad de vida por la eliminación de enfermedades ocasionadas por el uso de la cocina tradicional; además de lograr un ahorro económico importante, ya que el balón de GLP cuesta menos que el kerosene y otros combustibles contaminantes.

Con este cambio, se contribuye, asimismo, a la sostenibilidad del medio ambiente porque una cocina a GLP emite una mínima cantidad de CO₂ al medio ambiente y una cocina mejorada reduce la tala indiscriminada de árboles y sus emisiones de dióxido de carbono hasta en un 50%. Todos estos beneficios se traducen en un solo concepto: eficiencia energética al servicio de los hogares peruanos.

Comisión del Congreso proyecta visitar la zona el próximo mes

La problemática de las  comunidades indígenas ubicadas en el área de influencia de los lotes 8 y 1AB, operados por la empresa Pluspetrol SA, fue analizada por un Grupo de Trabajo de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, con la participación de representantes de esa empresa y de diversas entidades públicas, con miras a superar los inconvenientes ambientales que pudieran afectar el hábitat de sus habitantes.

Los participantes en la reunión, convocada por el congresista coordinador de la subcomisión, Leonardo Inga Vásquez (AP),  que se desarrolló el miércoles 16, coincidieron en su deseo de evitar cualquier desequilibrio ambiental derivado de las operaciones de explotación de hidrocarburos que realiza la empresa petrolera en las provincias de Loreto y Datem del Marañón, entre las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, departamento de Loreto.

El primero en intervenir fue el gerente de Relaciones Institucionales de Pluspetrol, Daniel Guerra, quien explicó que su representada realiza constantes y planificados monitoreos ambientales, que han generado 362 fichas, 279 observaciones, 18 reportes de incidentes y 30 eventos de información en las comunidades.

Refirió las buenas relaciones que sostiene la empresa con las comunidades de su área de influencia y detalló los acuerdos suscritos con las autoridades y pobladores de Capahuari, Titiyacu, Alianza Tropical, Nuevo Porvenir, Nuevo Andoa y Jardines, aparte de los proyectos sociales que se ejecutan en otras zonas, caso de la electrificación rural de Pijuayal y otros cinco proyectos con fondos del canon en coordinación con el gobierno municipal de Nauta.

Recordó también que, a consecuencia de las operaciones propias de la empresa en el año 2011, se suscitó el derrame de 838 barriles de fluidos, y de otros 2,652 barriles como consecuencias de actos vandálicos en el Lote 8, en la cuenca del río Corrientes.

Explicó que esos incidentes han sido remediados y superados con la venia de las comunidades locales.

No obstante, la abogada Carmen Rosas Sandoval, asesora legal de federaciones indígenas de la ONG Solsticio, hizo algunas observaciones a los convenios suscritos entre la empresa y las comunidades indígenas, las mismas que fueron aclaradas por el representante de Pluspetrol y la congresista Marisol Pérez Tello (APGC), quienes coincidieron en la necesidad de mejorar las relaciones entre el Estado, las empresas petroleras y las comunidades indígenas, a fin de mejorar las condiciones de vida de estas últimas y proteger el ecosistema que las alberga, corrigiendo las omisiones heredadas de administraciones anteriores.

En el mismo sentido se pronunciaron Lissette Vásquez, de la Defensoría del Pueblo; Gonzalo Bravo, gerente de Medio Ambiente, y Élmer Durán Chávez, asesor legal de la OEFA; Gustavo Zambrano, presidente del INDEPA; y Rafael Rojas, especialista en hidrocarburos, entre otros.

Valorizado en casi medio millón de dólares y en beneficio de 72 mil asegurados

El presidente ejecutivo de EsSalud, doctor Álvaro Vidal Rivadeneyra, inauguró hoy un moderno Servicio de Tomografía en el Hospital II de Huancavelica, que beneficiará a más de 72 mil asegurados de esta parte del país y en el que se invirtió, sólo en equipamiento, cerca de medio millón de dólares.

“Al inaugurar este moderno tomógrafo en una de las regiones más pobres del país, cumplimos una política de gobierno del presidente Ollanta Humala, la inclusión social. Estamos llevando a los pueblos más alejados la más alta tecnología médica en beneficio de nuestros asegurados”, destacó.

En la “Villa Rica de Oropesa”, el titular de EsSalud dijo que los huancavelicanos ya no tendrán que viajar hasta Huancayo o Lima para poder acceder a este moderno equipo, sino que ahora en su misma región podrán realizarse diagnósticos oportunos y por ende mejores tratamientos.

Ante las autoridades regionales y población en general, explicó que se trata de un equipo de tomografía computarizado de 16  cortes marca “Toshiba Activion 16”, que ha sido instalado en un servicio que cuenta con hall, sala de espera, preparación de pacientes, almacén de insumos, admisión y control, sala de tomografía y sala de control y lectura.

El área total de edificación es de 158.327 metros cuadrados y está ubicado dentro de las instalaciones del Hospital II de EsSalud Huancavelica. Para tal fin, se invirtieron un total de S/. 533,468.19.

Por su parte, el director de la Red Asistencial Huancavelica, Dr. Neel Huamán Janampa, indicó que este servicio no tiene nada que envidiar a las clínicas de la capital, pues cuenta con una máquina muy moderna y ambientes acordes a esta nueva tecnología.

“Quiero hacer entrega del proyecto de Resolución Ministerial a través del cual se solucionó el conflicto generado en Paita”, señaló.

Asimismo, precisó que el día 9 de abril atendiendo un pedido del presidente regional de Piura,  los congresistas Fredy Sarmiento (GPF), Marisol Espinoza (NGP), Karla Schaefer (GPF), convocaron a una reunión con el presiente del Consejo de Ministros, para determinar acuerdos en beneficio de los pescadores.

Por su parte, el presidente de la Comisión, Ángel Neyra (GPF), señaló que la presencia del ex titular de Producción ha sido satisfactoria porque ha aclarado algunos puntos referentes a la renuncia de la ex viceministra de Pesquería.

Eduardo Pastor  Rodríguez, viceministro de Pesquería,  reiteró que el ministerio continua en un proceso de restructuración, respecto a lo cual presentó su Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector de Producción PESEM) 2012-2016, que constituye la hoja de ruta del Ministerio de Producción.

Elisa Goya, bióloga del Instituto del Mar del Perú, descartó que los 877 delfines varados en el litoral del norte peruano, hayan muerto por envenenamiento, tampoco por las prospecciones sísmicas

Sostuvo que la afirmación de la ONG ORCA, sigue siendo una hipótesis, a la vez que señaló que es factible encontrar burbujas de gas y otros tejidos en descomposición cuando se hace una necropsia a los restos de un delfín muerto.

De otro lado, el legislador Tomás Zamudio (NGP), sustentó ante la comisión un  proyecto que propone una “Ley que define como zona exclusiva para la pesca artesanal y la actividad acuícola la franja costera comprendida entre las cero y cinco millas marinas”.

La propuesta legislativa, presentada por los grupos parlamentarios Fujimorista y Nacionalista Gana Perú propone encargar a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) la realización de las acciones necesarias para la recuperación, conservación y protección de la laguna.

Así mismo, sugiere encargar al gobierno regional de Apurímac y al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo la realización de un estudio técnico integral, en coordinación con los ministerios de Agricultura, del Ambiente, la SUNARP, el INC y la Municipalidad Provincial de Apurímac, en un plazo de 120 días.

El estudio tendrá por finalidad elaborar un plan de conservación integral del sistema hídrico, establecer una zona de desarrollo turístico prioritario y proponer un modelo de gestión que garantice el manejo sostenible, la recuperación y conservación de la laguna.

También se acordó, a propuesta del congresista Mesías Guevara (AP), solicitar que se exonere de dictamen de la Comisión de Agricultura al proyecto que propone modificar la Ley General del Ambiente, a fin de incorporar los páramos y jalcas como ecosistemas frágiles y en consecuencia sujetos a protección especial.

El pedido busca que dicho dictamen sea debatido por el Pleno del Congreso lo antes posible y lograr que se convierta en ley.

La sesión de la Comisión de Pueblos Andinos se inició con la sustentación del proyecto de ley sobre provisión de servicios ambientales, cuya finalidad es regular el aprovechamiento de estos, con el objeto de coadyuvar a la conservación, recuperación, incremento, valoración y uso sostenible de los ecosistemas, la diversidad biológica y los recursos naturales del país.

La iniciativa, presentada por el legislador César Yrupailla (NGP), define como servicios ambientales los de aprovechamiento (recursos genéticos, alimentos, fibras, el agua, etc.), los de regulación (del clima, del agua, de la calidad del aire), culturales y de apoyo, es decir, los necesarios para la producción de todos los demás servicios ambientales (producción de biomasa y de oxígeno, formación de servicios), entre otros.

El proyecto contó con la opinión favorable de Gabriel Quijandría Acosta, viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, quien propuso denominar en adelante ‘servicios ecosistémicos’, de acuerdo con las denominaciones en boga.

También se pronunciaron a favor José Luis Capella, director del Programa Forestal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA); Hugo Che Pin Daza, presidente de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), y Fernando León, asesor en asuntos ambientales.